Para calificar como actividad económica al arrendamiento de inmuebles debe justificarse una mínima carga de trabajo que requiera, desde la lógica económica, contar con un local exclusivo y una persona empleada con contrato laboral y a tiempo completo

Resumen de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 1 de julio de 2025 (Recurso nº 32/2020):

El caso analiza si una comunidad de bienes (CB) desarrollaba una verdadera actividad económica de arrendamiento de inmuebles en los ejercicios 2010 y 2011, lo que afectaría a su tributación en el IRPF y otros impuestos (Impuesto sobre Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones).

Contexto legal:
Según el artículo 27.2 de la Ley del IRPF (en su redacción hasta 2014), se considera actividad económica el arrendamiento de inmuebles solo si se cuenta con:

• Un local exclusivamente destinado a la gestión.
• Al menos una persona empleada con contrato laboral y jornada completa.

Hechos del caso:
La CB cumplía con los requisitos formales (local y empleado), pero la Inspección y el TEAC consideraron que no existía una verdadera actividad económica por falta de carga de trabajo que justificara esa estructura. Se detectó:

• Un único contrato de arrendamiento de larga duración.
• Uso dudoso del local.
• Empleada sin horario fijo ni tareas acreditadas.
• Ausencia de gastos asociados a una actividad real (agua, luz, material de oficina, telecomunicaciones, etc.).

Alegaciones del recurrente:
El recurrente argumentó que sí existía una actividad económica real basada en:

• El valor elevado del inmueble arrendado y la renta anual generada.
• La complejidad de las operaciones inmobiliarias previas y posteriores.
• La búsqueda activa de nuevas inversiones y la adquisición de otro local en 2014.
• Las tareas realizadas por el personal para identificar oportunidades de inversión.

Conclusiones de la Audiencia Nacional:

• Aunque se cumplían formalmente los requisitos de local y empleado, no se probó una verdadera ordenación de medios humanos y materiales que justifique la existencia de una actividad económica.
• La carga de trabajo real era insuficiente para justificar la infraestructura.
• Las alegaciones del recurrente no tuvieron reflejo en los gastos reales de la entidad.
• Las operaciones posteriores (como la compra en 2014) no prueban actividad durante los ejercicios regularizados (2010-2011).

Importancia jurídica:
La sentencia subraya que los requisitos formales del artículo 27.2 no son suficientes por sí solos. Es necesario probar una actividad económica real y justificada desde el punto de vista económico. Esta interpretación ha sido reafirmada por el Tribunal Supremo, que insiste en la relevancia de la carga de trabajo y la estructura empresarial efectiva.

Relevancia fiscal:
No se reconoce la existencia de actividad económica, lo que implica que:

• Las rentas se califican como rendimientos del capital inmobiliario.
• No procede aplicar beneficios fiscales como la libertad de amortización o la reducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
• Tampoco se cumplen los requisitos del régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas del TR Ley IS.

Dejamos el enlace para poder acceder a la noticia:

https://www.fiscal-impuestos.com/actividad-economica-arrendamiento-inmuebles-carga-trabajo-local-empleado

FUENTE: CEF